Falta de control = riesgo de ingobernabilidad = necesario acceso a la información pública
El vocero de Gobierno, Francisco Vidal, ha dado una señal comunicacional muy mala al atribuir los millonarios desvíos de fondos por subvenciones escolares -que son una falla del sistema- a una simple falta de inspectores-fiscalizadores. En el afán de entregar un mensaje en torno a un gobierno limitado de recursos (el argumento de "qué quiere que haga, si no tengo cómo hacerlo"), complementario al mensaje de la ministra que se refería a un sistema basado en la "buena fe" de los sostenedores, ambos han querido esconder una falta de eficiencia a estas alturas supina y que limita en el fraude público, pues se trata del mal uso de fondos de todos los chilenos. En términos comunicacionales, el argumento de la falta de fiscalizadores contiene un peligro enorme: el trasfondo de un mensaje como ese es que el gobierno no tiene el control de los sectores y mercados que, por ley, debe supervigilar. Lo señalado por el ministro Vidal se puede extrapolar a otros sectores donde la falta de fiscalización tendría (y ha tenido) nefastas y peligrosas consecuencias. ¿Qué pasa con el sector de la energía? La Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene la cantidad de fiscalizadores para asegurar que todas las instalaciones eléctricas y de gas están en buen estado o que en todas las cuentas de luz se cobra lo que debería cobrarse, a pesar de que en su misión se declara que son "garantes" de la seguridad de las personas. Uno podría perfectamente entregar algo de responsabilidad al gobierno, en ese sentido, por la tragedia de calle Serrano en Valparaíso, pues pese a su garantía, no había fiscalización suficiente. La Superintendencia de Valores no tiene los fiscalizadores suficientes para asegurar la confiabilidad de todas las transacciones en los diferentes mercados. Para qué hablar de las autoridades de salud o el control de transportes... ¿La solución sería, entonces, tener un fiscalizador para cada operación, para cada instalación, para cada subvención entregada? Evidentemente que no. La solución estriba, entonces, en que el Estado suba un escalón y sea fiscalizador de "segundo piso". Esto implica un primer piso en que es el propio ciudadano, revestido de la información necesaria, quien toma las riendas de la primera fiscalización. La contrapartida obligatoria es que el ciudadano tenga acceso a la información y se le incentive para realizar eficientemente ese primer piso. Ese sería un camino adecuado, en vez de excusarse en que a la administración central le faltan recursos para fiscalizar. El "qué quiere que haga" no sirve. Se requiere un sistema de información eficaz y en éste el rol directo del ciudadano es esencial. Hay que abrirle las puertas al ciudadano y educarlo no sólo en sus derechos, sino en la forma de ejercerlos.