¿Qué es Educación Pública?

Sin entrar a profundizar en el proyecto de la Ley General de Educación (LGE), hay elementos semánticos, pero de enorme trascendencia, que saltan a la vista y ante los cuales no hace falta mucho análisis para darse cuenta de que hay una enorme confusión conceptual entre quienes apoyan la iniciativa pensando que promueve (o debería promover) y defiende (o debería defender) la educación pública.
Conceptualmente, al hablar de educación pública se apunta a un modelo de instrucción en el que el Estado entrega un servicio a los ciudadanos. En ese modelo, por lo tanto, recibir educación es un derecho y es provisto enteramente por el Estado, sin costo alguno por parte de los ciudadanos. Hay quienes se formaron en ese modelo y, con nostalgia, miran la LGE como una oportunidad de traerlo de vuelta.
Pues no. El hecho mismo de crear una Superintendencia de Educación implica necesariamente asumir un rol estatal de supervigilancia, no de ejecución del servicio. Y al ordenar el cambio de la condición legal de los propietarios de establecimientos (de empresa a corporación sin fines de lucro) se consolida la propiedad privada.
El Estado no volverá a ser docente con esta ley. Las municipalidades continuarán a cargo de las escuelas y liceos y es ahí donde se concentra ahora el concepto de lo "público", pese a que la nueva normativa les seguirá dando autonomía financiera, lo mismo que a las universidades, donde año a año se aumentan los aranceles para lograr el financiamiento de sus actividades.
La educación pública, entendida como el rol ejecutor del Estado del servicio educacional, ya no está y no volverá. Las escasas becas y crédito fiscal no cuentan: gran parte de ello queda como una mochila que hipoteca el futuro profesional de quienes acuden en busca de un título. Eso no es educación pública.
Tampoco loes el hecho que el aporte de las familias es cada vez mayor en los establecimientos municipales. En una educación pública de verdad, el servicio ya estaría pagado a través de los impuestos, lo que convierte al "financiamiento compartido" en un nuevo impuesto regresivo, que se aplica a quienes no tienen los ingresos para llevar a sus hijos a colegios privados.
Lo que eciste hoy en Chile no es educación pública. Dejó de serlo hace décadas. Y la LGE no la traerá de vuelta.